Por Marcela Leopo Flores

Durante octubre y noviembre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) llevará a cabo por segundo año consecutivo la Supervisión del Respeto de los Derechos Humanos de la Niñez en las Instituciones Responsables de su Cuidado y Custodia, que arrancó hoy con la visita del presidente de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, y la titular del DIF Guadalajara, Lorena Jassive Arriaga de Sandoval, en el Hogar de Transición Villas Miravalle.

El programa de supervisión tiene como fin impulsar las acciones para garantizarles el pleno disfrute de todos sus derechos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. Durante los próximos dos meses, cuatro visitadores y una psicóloga inspeccionarán 12 albergues infantiles, dos de ellos públicos y 10 privados, que constituyen 45 por ciento del total en la zona metropolitana, pues, de acuerdo con el IJAS, son 27 establecimientos de este tipo.

El año pasado, después de realizar la supervisión a cuatro albergues, la CEDHJ presentó un informe especial, en el que concluyó que la problemática en torno a las niñas, niños y adolescentes separados del seno familiar requiere de atención integral por parte del Estado. Para cumplir tal encomienda solo cuenta con las casas hogar Cabañas y Villas Miravalle, y calificó de inaceptable que solo se cuente con dos establecimientos públicos y que el estado delegue esta delicada responsabilidad a la asistencia social privada.

En el informe especial 2010 la Comisión fue clara al afirmar que el Estado incurre en omisiones que no solo vulneran los derechos de la niñez, sino que postergan la solución del problema que se propone resolver al separarlos de su familia, por abandono, abuso o negligencia, con lo que aumenta la segmentación y marginación de este sector.

Para la CEDHJ, la eficaz tutela de los derechos de las niñas y los niños representa una prioridad por tratarse de un grupo vulnerable, ya que sus condiciones físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales pueden provocar discriminación y, por consecuencia, violaciones de derechos. Es por ello que, con base en lo que le marca la ley, este organismo elaboró una guía de supervisión del respeto de los derechos humanos de aquellos niños y niñas que se encuentran en la custodia de instituciones de manera temporal o permanente.

En su discurso, el ombudsman del estado, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, señaló que en esta supervisión se busca seguir insistiendo para que se puedan implementar nuevas políticas públicas en el estado, como debe de ser en todo el país. También recordó que el artículo 4° de la Constitución establece la obligación del estado para crear instituciones y establecer lineamientos y estrategias para que los derechos de esta niñez se encuentren garantizados y protegidos; y por otro lado, se fomenten las medidas necesarias para que las instituciones puedan desarrollar esos objetivos.

En la elaboración de este programa se analizaron instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales, con el propósito de integrar un catálogo básico de los derechos como marco de referencia para realizar la supervisión.

Tras el análisis de estos instrumentos jurídicos y de acuerdo con la situación de los infantes, se consideraron diez derechos a supervisar: a la vida digna, integridad física y emocional; a la salud; derechos de las personas con discapacidad; derecho a la supervivencia; a la educación; al desarrollo; a la identidad; a tener una familia; a la libertad; y derechos civiles y políticos.

Una vez definidos los índices, se integró cada uno de ellos con los indicadores que se consideraron pertinentes para evaluarlos, que en total suman 127. La información se obtendrá mediante observación y entrevistas a directivos, personal y a niñas, niños y adolescentes albergados.