Por Marcela Leopo Flores
El Consejo de Familia encabeza la lista de las dependencias que violan los derechos humanos.
El Presidente de la Comisión estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) Felipe de Jesús Álvarez Cibrián aseguró que se trata de la séptima Recomendación, en lo que va de esta administración, que se les dirige a autoridades por actos violatorios de derechos humanos, cometidos por servidores públicos del Consejo Estatal de Familia.
"Debo recordar que independientemente de esta Recomendación, que es la 37/2011, se emitió la 24, la 13, la 10 y la 9 del presente año. En 2009 también se emitió la Recomendación 34 y en 2008 la 3. Esas son las siete Recomendaciones, cinco en este año, lo cual posiciona al CEF como la segunda institución a la que más Recomendaciones se le han emitido en este año, ya lo habíamos dicho, atendiendo al número de personas que ahí laboran en relación con otras instituciones que tienen una diferencia abismal de personal".
Durante una conferencia de prensa en la que dio a conocer la Recomendación 37/2011, dirigida al ingeniero Martín Hernández Balderas, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Familia, por violación de los derechos del niño, expuso que inclusive desde un análisis per cápita, una institución muy violadora de derechos humanos.
Al detallar la citada recomendación hizo la relatoría de hechos señalando que el 22 de julio de 2010, la psicóloga del albergue casa hogar Nacidos para Triunfar presentó queja ante esta Comisión a favor de cuatro menores de edad y contra el Consejo Estatal de Familia, por hechos y omisiones que consideró violatorios de derechos humanos.
Narró que ese mismo día, como a las 12:30 horas, personal de dicho Consejo, entre ellos el entonces jefe del Departamento de Tutela, Jesús Gudiño Navarro, se presentó al albergue con un oficio firmado por él mismo, en el que solicitaba el egreso definitivo de los menores de edad para cambiarlos a otro centro.
Por ese motivo, ella les pidió en varias ocasiones tiempo para prepararlos y aminorar el impacto del desprendimiento, ya que los niños consideraban el albergue su hogar. Sin embargo, la respuesta fue negativa y se los llevaron con engaños y jaloneos, a pesar de sus intentos por sujetarse de puertas, brazos y piernas de otras personas para impedir que los sacaran y sin importar el estado de crisis en que cayeron con motivo de su salida.
Hay suficientes evidencias recabadas durante la investigación que permiten afirmar que sí fueron violados los derechos humanos de los menores de edad. Los servidores públicos del Consejo Estatal de Familia pasaron por alto las disposiciones relativas a los derechos de la niñez.
Es preciso subrayar que lo que se cuestiona es la forma injustificada y agresiva en que fue llevado a cabo el traslado, no la decisión de hacerlo, ya que había diversos testimonios que coinciden en que la directora del albergue donde se encontraban los niños no permitía ni fomentaba la convivencia entre los hermanos y la hermana, así como en un posible maltrato que estaban recibiendo en el lugar.
De manera concreta, este organismo no cuestiona el porqué se ordenó el traslado, sino la forma de hacerlo, pues atentó, sin lugar a dudas, contra la integridad física y emocional de los menores de edad.
Queda en entredicho la correcta actuación del Consejo Estatal de Familia, pues desde el 23 de julio de 2008 la psicóloga Claudia Angélica Rangel Martínez, adscrita al propio Consejo, determinó que los niños involucrados presentaban un grave e inadecuado aliño, además de falta de higiene y evidente inestabilidad emocional. Es inexplicable por qué si ya tenía conocimiento del supuesto maltrato en que se encontraban, no hizo nada antes. Actuó dos años después del reporte de la psicóloga y no acreditó que hubiera emprendido alguna investigación para corroborar y, en su caso, poner fin a esa situación.
Los mismos servidores públicos involucrados en la queja refieren en sus informes que al realizar el traslado en un principio los menores de edad no mostraron ninguna actitud negativa, pero que una vez que los regresaron y les quitaron el uniforme se mostraron temerosos, angustiados y comenzaron a llorar y a rechazar cualquier información. El Consejo debió esperar a que pasara la crisis emocional que sufrían en ese momento y solicitar la presencia de un profesional para que los tranquilizara mediante tácticas más adecuadas. Lo único que les importó fue cumplir con lo ordenado, sin valorar las formas y el daño emocional que su acción causó.
El personal del Consejo violó los derechos humanos no solo de las niñas y los niños involucrados, sino también de los otros menores de edad que también presenciaron los hechos al observar el maltrato, engaño y jaloneo al que fueron expuestos sus compañeros.
Aunque personal del Consejo argumente que la orden de trasladar a los niños a otro albergue tenía fundamento, puesto que estaban siendo víctimas de supuestos maltratos, la Comisión tiene muy claro que para evitar algún tipo de afectación psicológica debió habérseles preparado para su separación con una atención especializada.
Es necesario que las personas que tienen a niños y niñas bajo su cuidado y responsabilidad, dialoguen con respeto y actúen en coordinación con las autoridades encargadas de la tutela para lograr que este tipo de acciones respondan al principio del interés superior de la infancia.
Reitero una vez más la urgencia de crear un protocolo para evitar que las niñas y niños sean trasladados de una casa hogar a otra de forma abrupta. No hay que olvidar que en muchos de los casos los menores de edad ya fueron víctimas de maltrato, y no debemos permitir que se les victimice una vez más.
Por lo anterior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluye que Jesús Gudiño Navarro, ex jefe del Departamento de Tutela; Adriana Astorga Ledesma, Mariana López Camarena y la trabajadora social Rocío Jiménez Alvarado, adscritas al Departamento de Tutela del Consejo Estatal de Familia, así como Isaac Gómez Muñiz, chofer de servicios de la misma institución, violaron los derechos humanos de los cuatro menores de edad, por lo que emite las siguientes recomendaciones :
Al ingeniero Martín Hernández Balderas, en su calidad de presidente del Consejo Estatal de Familia.
Primera. Como reparación del daño, ordene llevar a cabo una evaluación psicológica a los menores de edad agraviados y, en caso de resultar necesario, les proporcione atención especializada a fin de que superen el grado de afectación emocional que puedan estar padeciendo.
Segunda. Inicie, tramite y concluya una investigación administrativa de responsabilidad en contra de los servidores públicos señalados para deslindar responsabilidades por las violaciones de derechos humanos cometidas, a excepción de Jesús Gudiño Navarro, quien ya no labora en la institución.
Tercera. Agregue copia de la presente resolución a los expedientes administrativos de los servidores públicos señalados, incluido Jesús Gudiño Navarro, aún cuando éste ya no labora para el organismo.
Cuarta. Como garantía de no repetición de estos hechos, y con el fin de de atender el interés superior de la niñez, se cree un protocolo en el que se establezcan acciones preliminares para realizar los traslados de las niñas, niños y adolescentes de una casa hogar a otra, para evitar o reducir al mínimo el impacto emocional y posible afectación en su estado psicológico, tal como se solicitó en el punto quinto de la Recomendación 13/2011, que a la fecha no se ha cumplido.
La autoridad a la que se dirige esta Recomendación tiene diez días hábiles para que informe a este organismo sobre su actuación.
