Por Redacción

Vázquez Torres fue titular, hasta hace dos meses, del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan, en los municipios jaliscienses de Mezquitic y Bolaños, respectivamente, cargo en el que estuvo velando por la integridad del pueblo.

Esta Casa de Estudio, sus autoridades y comunidad se solidarizan con los familiares y la población wixárika.

Además, se exige el esclarecimiento de los hechos y que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables.

El abogado wixárika, Samuel Salvador Ortíz, quien es responsable del programa de justicia de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG, explicó que los comisariados -cargo que representan de manera honorífica- se encargan de la restitución de tierras comunales y la solución de distintas problemáticas, por lo que se exponen a muchas dificultades con personas ajenas a la comunidad que quieren aprovecharse de los recursos naturales.

Como comisariado de bienes comunales estaba al tanto de las 240 mil hectáreas que corresponden a las comunidades de San Sebastián y Tuxpan.

Salvador Ortíz añadió que Miguel Vázquez fue un gestor importante ante diversas instituciones para impulsar programas de salud, educación, desarrollo e infraestructura en esa zona.

Con la Universidad de Guadalajara mantuvo "una excelente" vinculación para la promoción del Bachillerato Intercultural, y mantuvo las puertas abiertas de su asamblea y comunidad para dar a conocer los objetivos del programa.

"Gracias a su labor, actualmente la Universidad de Guadalajara ya tiene un contrato en comodato entre la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlan y nuestra Universidad para una cesión de derechos, donde se van a construir las instalaciones del Bachillerato Intercultural Tecnológico", agregó Salvador Ortíz.

Solicitó al Gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía del Estado, además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que pongan atención en los líderes y defensores de las comunidades, ya que de forma permanente están en riesgo.

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, condena enérgicamente el asesinato del líder comunal huichol Miguel Vázquez Torres, ex presidente de los bienes comunales en San Sebastián Teponahuaxtlan y defensor de las tierras ancestrales huicholas, así como de su hermano Agustín Vázquez Torres. Fueron asesinados la noche de ayer por unos sujetos denominados “los sicarios”.

Este crimen es producto de la ausencia del Estado en su calidad de garante de seguridad y protector de los derechos de los pueblos indígenas. El conflicto era ampliamente conocido por las autoridades y se sabía del riesgo que vivían estas personas de sufrir algún atentado.

En 2013 las autoridades  wixaritari enviaron una carta al Presidente Enrique Peña Nieto para solicitar la intervención de las autoridades federales en el conflicto en las siguientes consideraciones:

·         Para que se diera cumplimiento de las sentencias obtenidas en favor de las Comunidades Indígenas de la zona.

·         Para garantizar las condiciones de seguridad de la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras a la comunidad indígena wixárika Waut+a y Kuxuri Manuwe Tuxpan.

·         Para que se diera seguimiento a los trabajos del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural para evitar que se den ejecuciones que traigan desgracias que serían imputables directamente a la actitud omisa del gobierno a su cargo.

Por otra parte, el 14 de febrero de este año, la bancada de Movimiento Ciudadano propuso mediante su coordinador Clemente Castañeda, un punto de acuerdo para exhortar a la SEDATU a intervenir en el conflicto de tierras de esta región y evitara que éste conflicto se volviera mayor.

Del mismo modo, el exhorto se extendía a los gobernadores del Estado de Jalisco y Nayarit para que garantizara la seguridad de los integrantes de las comunidades Wixárikas y los ganaderos nayaritas. Por esto, en Movimiento Ciudadano consideramos que el gobierno federal y los gobiernos estatales no actuaron en tiempo y su omisión hoy suma una muerte más de un defensor de los derechos indígenas.

Ante lo sucedido el día de ayer, se exige una vez más la intervención del gobierno del Estado de Jalisco, para que establezca una postura clara y firme de defensa a los intereses de los pueblos indígenas y que ponga un ato a la situación de despojo, agresión y vulneración de derechos que están viviendo diariamente.

Además se solicita la conformación de una comisión especial y una mesa de trabajo encabezada por el Secretario General de Gobierno del Estado, directivos de la CEDHJ y la Fiscalía, en conjunto con las autoridades agrarias y tradicionales de las Comunidades indígenas, para que se atienda y esclarezca esta delicada situación con el fin de que se logren compromisos y acuerdos que garanticen la integridad física, la seguridad y tranquilidad de los habitantes indígenas wixárika.

Para la Bancada de los Ciudadanos, la violencia contra los pueblos originarios y la falta de atención de las autoridades hacia sus necesidades son constantes y debe ser eliminada. No descansaremos hasta que las comunidades indígenas sean protegidas del acoso y la amenaza de los grupos delictivos, no daremos tregua hasta que se esclarezca este suceso tan lamentable.